Miles de personas de la comunidad LGBTQ+ se congregaron y recorrieron la Alameda en la vigésima segunda Marcha del Orgullo realizada en el país. Las principales demandas de este año fueron la derogación del artículo 365 del Código Penal, la reforma a la Ley Antidiscriminación y el cese de toda violencia en razón de la orientación sexual, identidad y/o expresión de género.
Según el Movilh, más de 80.000 personas inundaron las calles de Santiago con sus bailes, carteles y demandas a favor de la inclusión. ‘‘Nos hemos reunido en torno a la esperanza de un Chile que se comprometa verdadera y definitivamente para erradicar la discriminación”, comentó la directora ejecutiva de Fundación Iguales, Isabel Amor.
Respecto a las demandas de la marcha, el artículo 365 o conocido como la última ley homofóbica en Chile, es una legislación que ‘‘estigmatiza y discrimina a jóvenes homosexuales, en tanto fija en 18 años su edad de consentimiento sexual, en circunstancias que para heterosexuales es de 14 años’’, opinó la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.
Cabe destacar que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió Chile derogar esta norma, frente a esto, Chile se comprometió a eliminar el artículo el 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, la ley sigue vigente.
Por otro lado, las agrupaciones también levantaron una alerta sobre el mal funcionamiento administrativo en la implementación del Matrimonio Igualitario. Demora excesiva en la entrega de certificados; nombres y apellidos mal escritos o eliminados; y la negación de los servicios en algunas de las sedes del Registro Civil, serían los problemas más frecuentes.
‘‘A seis meses de la promulgación de la ley, aún recibimos diariamente información sobre trámites que no se realizan o se realizan mal por parte del Servicio de Registro Civil. Exigimos a las más altas autoridades tomar cartas en este asunto de manera inmediata”, declaró Isabel Amor.
Por último, las organizaciones destacaron lo crucial que es una reforma a la Ley Antidiscriminación, para asegurar de manera efectiva la prevención y reparación a las víctimas de violencia.
La marcha contó con la presencia de distintas autoridades públicas, como el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila; la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler; y el Vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez.
“Como ministro, docente y parte de esta comunidad, estoy comprometido por el avance de estos derechos y la erradicación de todo tipo de violencia y discriminación”, sostuvo el ministro Ávila.