La Fiscalía entregó este jueves a una corte federal en Florida una versión de la «declaración jurada» que justificó el registro a la casa del expresidente Donald Trump en Palm Beach con una propuesta que oculta los datos que considera más sensibles para no estropear la investigación.
El Gobierno cumplió así con el plazo que tenía hasta este jueves de enviar dicho documento al juez Bruce Reinhart, que lo analizará como parte de una moción interpuesta por los principales medios de Estados Unidos que piden su divulgación, entre ellos el diario The Washington Post que da cuenta en su más reciente edición de la presentación en la corte de la versión editada.
Poco después, el magistrado dio plazo hasta el mediodía del viernes para la publicación de la versión editada del documento, como informó el rotativo.
Como recogió la cadena ABC News, otro de los medios que formó parte de la moción, el juez Reinhart dijo que después de revisar el memorándum del Departamento de Justicia y las redacciones propuestas, cree que el gobierno ha cumplido con «mostrar una razón convincente y una buena causa para sellar las partes solicitadas de la declaración jurada».
Agregó que «la divulgación revelaría las identidades de los testigos, agentes del orden público y partes no acusadas, la estrategia, la dirección, el alcance, las fuentes y los métodos de la investigación, y la información del gran jurado».
No está claro si el Departamento de Justicia apelará o no esta decisión.
La orden de registro ya fue divulgada previamente y evidenció que Trump y gente de su entorno podrían estar incurriendo en delitos de obstrucción a la Justicia, destrucción de documentos y violación de la ley de espionaje.
Trump se llevó de la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-Lago, en el sur de Florida, documentos clasificados, que según el diario The New York Times, suman más de 300.
Los medios de comunicación piden la divulgación, así sea parcial, de la «declaración jurada», en la que se consigna la causa probable de delitos.
El juez Reinhart ha dicho que revisará el documento editado por la Fiscalía y verá si es necesaria alguna otra edición de su parte y además si valdría la pena publicarlo, al señalar que si es mucho lo que se oculta no va a ofrecer a la prensa «sustancia» de la causa sino más bien una versión incomprensible de la misma.
En ese sentido, el magistrado no ha decidido por tanto si publicará o no la «declaración jurada» que justificó el registró del pasado 8 de agosto.
Mientras, Trump pidió en otra demanda una supervisión de un perito independiente en torno al registro, un recibo más detallado de lo decomisado durante el cateo, que considera «ilegal», y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial.
El juez Reinhart, en el caso con los medios de comunicación, ha dicho que el Gobierno ha demostrado «una buena causa/un interés apremiante que anula cualquier interés público en abrir el contenido completo de la Declaración Jurada».
También ha dicho que revisó «cuidadosamente» la «declaración jurada» antes de firmar la orden de registro que autorizó al FBI el cateo a la residencia de Trump Mar-a-Lago.
Subraya además que eran «confiables» los hechos contenidos en la declaración jurada y que «estuvo y está» satisfecho con su decisión.